El precio de la electricidad se ha convertido en un pesado lastre para la competitividad de las empresas y el bienestar de muchas familias

Una tormenta agita al mundo de la energía y, de rebote, a toda la economía. El precio de la electricidad se ha convertido en un lastre pesado para la competitividad de las empresas y el bienestar de muchas familias. El recibo de la luz se ha situado, de acuerdo con los datos de INE, en el nivel más alto de la historia. En el mes de septiembre se pagó un 49% más caro de media que en el mismo mes del año anterior, pero este precio es solo el primer paso de una escalada que nadie sabe en qué acabará. El Gobierno ha aplicado medidas para reducir el precio de recibo en un 22%, pero son provisionales, y todos temen que la crisis continuará, porque los factores que la han desencadenado no se desvanecerán fácilmente.

Transporte de la energía eléctrica (Foto Chopo)

El importe del recibo de la luz depende de los precios que fijan las compañías productoras en el mercado mayorista (el llamado pool eléctrico). Este precio se ha triplicado en menos de un año, y la previsión es que continúe subiendo por lo menos hasta marzo de 2022, y quizás más allá. El mes de agosto ha registrado el precio mayorista también más alto de la historia, 106 euros por MW/h de media, y septiembre ha continuado de susto en susto, con récords históricos sucesivos hasta alcanzar los  221 euros MW/h en la noche del día 30. Para que nos hagamos una idea, este precio era más del doble del que se registró en enero en plena ola de frío por el temporal Filomena (93 euros MW/h), pero sin nieve y sin un pico de demanda que justificase una subida tan brutal. Y todavía sigue subiendo.

Joan Vila (PIMEC): “Estamos en un momento muy delicado para todo el sistema de producción. El encarecimiento de la energía es grave, pero lo que hace la situación aún más preocupante es que coincide con una repentina subida del precio de las materias primas”

¿Qué es lo que ha provocado esta repentina tormenta? Todos los expertos coinciden en señalar dos factores como principales desencadenantes: el aumento de la cotización internacional del gas natural por la demanda creciente de los países asiáticos, y el encarecimiento de los derechos de emisión de CO₂, que en el primer trimestre del año se situó por encima de los 50 euros por tonelada, un incremento del 300 % respecto del mismo período de 2020.

Los dos son factores globales que afectan por igual a toda Europa y, de hecho, toda Europa se lamenta de ello, pero aquí el incremento ha sido mucho más intenso, lo que indica que hay factores diferenciales que multiplican el impacto. En realidad, una cosa es el precio de la electricidad en el mercado mayorista y otra cómo repercute en el recibo. Según datos del Observatorio del Mercado de la Energía de la Comisión Europea, son muchos los países en los que el precio mayorista de la luz, es decir, el coste de producirla, es habitualmente mayor que en España, pero España figura desde hace diez años entre los cinco en los que el recibo de la luz es más caro debido al peso desproporcionado de tasas y recargos que no tienen que ver con el consumo. Este verano también el precio de venta al por mayor se encuentra entre los más altos de Europa, y esto ha provocado que si antes determinaba el 30 % del recibo, ahora representa el 50 %. El resultado es que la luz es en España tan cara como en Alemania o Bélgica, pero con una renta per cápita mucho más baja, lo que tiene un impacto tanto en la economía doméstica, especialmente en la de los 11,8 millones de personas en riesgo de exclusión social, como en la competitividad de las empresas.

“Estamos en un momento muy delicado para todo el sistema productivo”, sostiene el ingeniero industrial y empresario Joan Vila, presidente de la comisión de Energía de Pimec, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. “El encarecimiento de la energía es grave, pero lo que hace la situación aún más preocupante es que coincide con una repentina subida del precio de las materias primas. La energía representa entre el 10% y el 20% de los costes de producción, pero las materias primas pueden llegar al 50%, y algunas han doblado e incluso triplicado el precio en muy poco tiempo. El mundo productivo no puede trasladar todo el incremento de estos costes al producto final, por lo que muchas empresas están entrando en pérdidas. Lo están pasando muy mal.” Joan Vila vive con preocupación esta tormenta por lo que ve en su empresa, LC Paper 1881, SA, ubicada en el valle de Camprodon, y por el clima que se respira en la PIMEC.

Embalse de producción de energía hidroeléctrica (Foto: Pat Whelen) / Energía nuclear (Foto: Markus Distelrath)

Beneficios caídos del cielo

El desbarajuste que se ha producido no tiene una explicación fácil, porque intervienen múltiples variables, pero Assumpta Farran, directora general de Energía de la Generalitat, hace esta primera aproximación: “Todo proviene de que estamos en un proceso de transición energética, con un modelo de mercado pensado más para los combustibles fósiles y las nucleares que para las energías que vienen, y con unos huecos en la normativa que permiten que ciertos operadores aprovechen la coyuntura de forma oportunista y abusiva, aunque legal, para maximizar sus beneficios”. Este vacío que permite sacar provecho del sistema tiene incluso una denominación, son los “beneficios caídos del cielo”. Este es el factor diferencial que explica por qué, aunque toda Europa se rige por el mismo mecanismo para determinar el precio de la energía, el llamado sistema marginalista, el precio mayorista ha subido en España mucho más y más repentinamente que en los demás países.

El sistema marginalista consiste en que las productoras de electricidad van introduciendo en la red las diferentes fuentes de electricidad, de la más barata a la más cara, pero toda la electricidad que se consume se paga al precio de la que ha entrado en último término en la subasta, que siempre es la más cara. La cosa va así: todos los días, Red Eléctrica calcula cuál será la demanda de energía de cada una de las horas del día siguiente, basándose en unos algoritmos complejos que tienen en cuenta datos históricos, previsiones climatológicas y otras variables que inciden sobre el consumo. Una vez estimada la demanda, las empresas productoras de electricidad hacen sus ofertas y fijan el precio al que están dispuestas a generar energía en cada una de las diferentes modalidades de producción (nuclear, eólica, hidráulica, ciclos combinados, etc.). El consumo se va cubriendo hora a hora con las fuentes de energía que las compañías han ofrecido, empezando por la más barata, hasta cubrir el 100% de la demanda.

Aerogeneradores de energía eólica (Foto: Ave Calvar Martínez) / Paneles de captación de energía fotovoltaica

Las centrales nucleares son de producción fija, por tanto, entran en primer término, y muy a menudo sus propietarias se permiten ofrecer la electricidad que producen a precio cero, porque saben que este nunca será el precio final. A continuación, entran las renovables, pero estas dependen de las condiciones climáticas, por lo que su contribución es siempre variable. Cuando nucleares y renovables son suficientes para abastecer a la demanda, el precio de la electricidad suele ser muy bajo. Pero rara vez se da, esto. Casi siempre debe entrar la hidroeléctrica, y cuando la demanda es alta, acaban entrando también en la subasta las centrales térmicas de ciclo combinado, que son siempre las más caras, porque utilizan combustibles como el gas o el carbón, que han subido mucho precio y, además, pagan derechos de emisiones.

Assumpta Farran (Generalitat): “El sistema marginalista permite al sector eléctrico vender una parte de la energía de la que dispone, la hidroeléctrica, no cuando hay más demanda, sino cuando puede ser más cara”

En medio de la tormenta se encuentra la energía hidráulica, que en el caso de España tiene un peso considerable en el mix energético. Y aquí es donde opera el “hecho diferencial”. Las grandes compañías eléctricas, que actúan como si fueran un oligopolio, juegan con el precio de la energía hidráulica para optimizar sus beneficios. “El sistema marginalista permite al sector eléctrico vender una parte de la energía de la que dispone, la hidroeléctrica, no cuando hay más demanda, sino cuando puede ser más cara”, explica Assumpta Ferran. “Utilizan las centrales hidroeléctricas, que pueden activarse y desactivarse cuando conviene, como comodín para fijar un precio final más alto para toda la electricidad que se produce. Son ellas las que deciden cuándo producir hidroeléctrica y a qué precio. Si prevén, por ejemplo, que habrá una demanda suficiente para que entren en la subasta las centrales de gas y el precio del gas estará a 130 euros MW/h, ofrecen la hidráulica a 129.”

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial experto en regulación eléctrica, es contundente en su valoración: “Estas prácticas abusivas afectan, no obstante, al sistema más eficiente del que disponemos para almacenar energía, las centrales hidroeléctricas, que, por su especial configuración, no puede ser disputado por la competencia”. Morales recuerda que cuando se produce una tensión en los precios, como por la subida del gas, lo que hacen las hidroeléctricas es agravar la situación. “A través de algoritmos complejos, las empresas titulares prevén hasta cuánto subirán los precios del gas o del carbón, y venden su energía, en este caso, el agua embalsada, a su máximo coste de oportunidad.”

Assumpta Ferran recuerda que “la hidroeléctrica es la que puede actuar como si fuera energía almacenada. El agua está siempre disponible y puede ponerse a producir cuando mejor convenga”. De hecho, es la energía hidráulica, y no la de las centrales térmicas de ciclo combinado de gas o carbón, la que ha determinado el precio del mercado mayorista en el 65 % de las horas del mes de junio, el 64 % de las de julio y el 59 % de las de agosto, según datos de Red Eléctrica. Un estudio de la OCU también concluye que las centrales de ciclo combinado solo entraron en el sistema y, por tanto, determinaron el precio final, en el 13 % de las horas. El precio de la energía hidráulica ha subido a pesar de que los embalses son los mismos y las hidroeléctricas no pagan derechos de emisión, las instalaciones están amortizadas y los costes de funcionamiento son muy bajos.

Recibidor de vivienda particular y contador de la luz / Lectura de contadores a cargo del técnico de cabecera del edificio (Foto: Chopo)

Jorge Morales de Labra (experto en regulación eléctrica): “Estas prácticas abusivas afectan, no obstante, al sistema más eficiente del que disponemos para almacenar energía, las centrales hidroeléctricas, que, por su especial configuración, no puede ser disputado por la competencia”

De este sistema de fijación de los precios se benefician también las renovables, que con un 43,6% de toda la energía producida alcanzaron en 2020 su máximo histórico. Pero estas no pueden actuar como comodín, porque su capacidad de producción depende de factores climáticos variables y rara vez marcan el precio final.

Las grandes empresas del sector eléctrico rechazan el diagnóstico que todos los demás operadores comparten. Para estas, el problema no radica en el sistema de fijación de precios, sino en la subida del gas y de los derechos de emisión, por un lado, y en la composición del recibo por otro. Siempre que se les pregunta por el precio de la luz, Marina Serrano, presidenta de Aelec, la patronal que agrupa a las principales compañías (EDP, Endesa, Iberdrola y Viesgo), recuerda que llevan tiempo pidiendo al Gobierno que “limpie la tarifa eléctrica, puesto que recoge costes que no corresponden a la producción. Más de la tercera parte del recibo son impuestos y cargas, como las primas a las renovables o los costes extrapeninsulares, que deben soportar las eléctricas”, argumenta.

La estrategia de la confusión

En medio de la polémica, reina la confusión. La situación afecta gravemente a las empresas, pero también a los consumidores domésticos, que no acaban de entender qué ocurre con el recibo de la luz. En España hay 29,6 millones de suministros, entre consumidores domésticos y empresas. En cuanto al recibo doméstico, el incremento ha repercutido por el momento más sobre los 10,5 millones de hogares sujetos a tarifa regulada que sobre los casi 17 millones que tienen contratada tarifa libre con la empresa suministradora. Pero esto puede inducir a engaño.

Algunas compañías han aprovechado el mayor impacto sobre la tarifa regulada para lanzar una agresiva campaña de captación de clientes simulando que la tarifa libre es más beneficiosa. Assumpta Ferran advierte contra esta publicidad engañosa: “simplemente, los incrementos del mercado mayorista todavía no han repercutido en los recibos de la tarifa libre, porque los contratos suelen durar uno o dos años y todavía no se han renovado”. Las tarifas vigentes se basan en compras anticipadas, pero acabarán repercutiendo y, de hecho, algunos consumidores ya se han llevado un buen susto. “Estamos viendo que algunas de las ofertas libres son ya más caras que las reguladas, y eso irá a más”, advierte Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción. “Nosotros no recomendamos la tarifa libre porque terminará siendo más cara. En 2020 hicimos 11 estudios comparativos sobre la evolución de las dos modalidades de tarifa, la libre y la regulada, y en casi todos resultó que la libre era más cara. Este año hemos repetido la comparativa, y no ofrece un resultado tan claro, pero es por el desfase que existe en la repercusión del precio mayorista”, explica.

María Campuzano Campuzano (Alianza contra la Pobreza Energética): “La situación está generando mucha angustia en las familias que se encuentran en situación vulnerable. Las subidas han repercutido primero en la tarifa regulada, que es donde se encuentran precisamente muchas de estas familias, porque es un requisito para poder beneficiarse del bono social”

“La situación está generando mucha angustia en las familias que se hallan en situación vulnerable. Las subidas han repercutido primero en la tarifa regulada, que es donde se encuentran precisamente muchas de estas familias, porque es un requisito para beneficiarse del bono social”, corrobora Maria Campuzano, impulsora y portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, una plataforma cívica que promueve medidas de equidad en el acceso a este servicio básico. Cabe recordar que en España existen 11,8 millones de personas en riesgo de exclusión social. “Para estas personas, la situación es muy difícil, porque también ha subido el precio del gas natural, según los últimos datos, un 28% con relación al año pasado, y se acerca el invierno”. Campuzano recuerda que solo el 30% de los hogares vulnerables se beneficia del bono social, una ayuda de ámbito estatal que conlleva un ahorro del 25% o del 40%, según la renta.

Cuando las compañías repercutan la subida del precio mayorista a los consumidores acogidos a la tarifa libre, el problema se generalizará. Pero, mientras tanto, mucha gente puede caer en la trampa: “En la última reunión de nuestra asociación vinieron dos mujeres mayores que estaban en el mercado regulado y su suministradora las había convencido de que pasaran al mercado libre con información falsa. Y lo grave es que habían perdido el bono social”, explica Maria Campuzano. “Enredar a la gente vulnerable es un comportamiento muy poco ético”, añade.

La Alianza contra la Pobreza Energética ha logrado llevar este grave problema social a la agenda política, pero cuesta mucho avanzar. El pasado marzo, casi seis años después de que se aprobara la ley 24/2015 del Parlament de Catalunya para afrontar la pobreza energética y la crisis habitacional, la Generalitat, las administraciones locales y Endesa firmaron finalmente un acuerdo por el que se condonará en Catalunya la deuda acumulada por 35.000 familias en situación de pobreza energética entre 2015 y 2020, que asciende a 38,7 millones de euros. Endesa, que copa la mayor parte del mercado en Catalunya, asumirá la totalidad de la deuda entre 2015 y 2018, y el 50% de 2019 y 2020. El otro 50 % la asumirán las administraciones. De lo que afecta a Iberdrola y Naturgy, las otras dos grandes compañías que operan en Catalunya, nada se sabe. La deuda que se genere a partir de 2021 debe ser liquidada, en teoría, por un Fondo de Atención Solidaria que deben cubrir a partes iguales las compañeras suministradoras y la Generalitat. “El convenio firmado en marzo es un acuerdo histórico, pero seis meses después, Endesa todavía no ha comunicado a las familias afectadas que la deuda está condonada. En cuanto al Fondo de Atención Solidaria, está por crear el instrumento legal”, precisa Maria Campuzano.

Frenar la subida

Temiendo que el impacto económico y social del precio de la energía pueda comprometer la recuperación económica, el Gobierno de España ha decidido intervenir para frenar la escalada. Las primeras medidas han corrido a cargo del erario público. En junio bajó el IVA del 21% al 10%, lo que debía beneficiar a todos los consumidores, entre ellos 2,8 millones de empresas. En ese momento, el Gobierno calculó que dejaría de recaudar unos 1.400 millones de euros, pero, paradojas de la situación, como el precio de la luz ha seguido subiendo mucho, el Estado sigue recaudando más que antes de la rebaja.

Iu Gallart (Barcelona Energia): “El Gobierno lo está haciendo bien. Es necesario acelerar la implantación de renovables y mejorar mucho los sistemas de almacenaje para avanzar hacia la autosuficiencia. Pero las causas son en gran parte estructurales, y es necesario llevar el debate a Europa e ir más allá”

A la vuelta del verano, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas mucho más contundentes. Con el Decreto ley 17/2021 que entró en vigor el 16 de septiembre se insiste en la rebaja de impuestos y cargas, y se añaden medidas sobre el sistema de fijación de precios que afectan directamente a la cuenta de resultados de las grandes eléctricas. En conjunto, deben permitir rebajar el recibo de la luz en un 22% hasta final de año, situándolo para los consumidores de tarifa regulada en un nivel similar al de 2018: unos 600 euros anuales por término medio.

El Decreto prevé una minoración por valor de 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022 de los beneficios extraordinarios “caídos del cielo” que las compañías obtienen por repercutir, gracias al sistema marginalista, al precio de la energía hidráulica o nuclear el coste de unos derechos de emisiones que estas fuentes no pagan. También se modificará la Ley de Aguas, de manera que las confederaciones hidrográficas fijarán unos volúmenes mínimos de embalse y los caudales máximos y mínimos que se podrán desembolsar cada mes. Se terminará así el vaciado oportunista de pantanos para producir electricidad en función, no de las necesidades, sino de la conveniencia de las propietarias. Además, se tramitará la creación de un fondo para la sostenibilidad del sistema eléctrico que debe permitir sacar del recibo en los próximos cinco años el coste de las primas a las renovables, y repartirlo entre todos los comercializadores energéticos.

Estas medidas no han sido bien recibidas por las eléctricas, que han llegado a amenazar con cerrar las centrales nucleares. Aelec estima en unos 75 euros MW/h la reducción de ingresos por estas medidas, y alega que “las empresas eléctricas tienen ya vendida a plazo el 100% de su producción de base (hidráulica, nuclear y renovable) de 2021 y más del 75% de la de 2022 a precios muy inferiores a los del mercado mayorista. De acuerdo con estas ventas a plazo, se han ido formalizando las ventas a precio fijo de los clientes del mercado libre”, sostiene. Las eléctricas estudian recurrir la nueva normativa por considerar que “supone una incautación de las cuentas de explotación de las empresas afectadas”. Pero no está claro que puedan ganar esta batalla. Hay antecedentes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea validó en 2013 un mecanismo de aminoración de los “beneficios caídos del cielo” muy similar al que se ha aprobado en el Decreto Ley 17/21. Y el argumento que dio es que “el sistema marginalista del mercado eléctrico genera situaciones de ganancias inmerecidas”. La visión de las eléctricas no es compartida por todo el empresariado, y mucho menos por las pequeñas y medianas empresas. Joan Vila, de Pimec, cree que “lo que está haciendo la ministra Teresa Ribera va por el buen camino. Tiene toda la razón y es muy valiente. Del tema de los ‘beneficios caídos del cielo’ venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora nadie se ha atrevido a entrar. Yo recuerdo haber planteado, ya en 2006, que no tenía sentido que la nuclear y la hidráulica estuvieran en la subasta diaria porque nadie puede construir pantanos ni reactores, y por tanto, no hay una verdadera competencia”.

La valentía de la ministra a la que se refería el empresario Joan Vila incluye una medida que ha sido especialmente bien recibida por las pequeñas comercializadoras de electricidad: la de obligar a las grandes empresas dominantes a ofrecer una parte proporcional de su cuota de energía a comercializadoras independientes.

Eduard Quintana (Som Energia): “Las medidas [del plan de choque] tendrán un efecto inmediato sobre el recibo, pero terminan el 31 de diciembre y habrá que ver qué ocurre en febrero. Podríamos encontrarnos con que el recibo de la tarifa libre duplicara el de diciembre”

La primera subasta se convocará antes de fin de año. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP deberán ofrecer 15.830 GW/h, una cifra que equivale al 6,3% de la demanda de 2020.

Iu Gallart, director de la empresa pública Barcelona Energía, valora muy positivamente esta medida, porque ayudará a reducir la volatilidad. “Todo el plan es coherente, el Gobierno lo está haciendo bien. Es necesario acelerar la implantación de renovables y mejorar mucho los sistemas de almacenaje para avanzar hacia la autosuficiencia. Pero las causas son, en gran parte, estructurales, y es necesario llevar el debate a Europa e ir más allá. La transición energética europea depende todavía demasiado del gas natural, sometido a tensiones geoestratégicas que irán a más.”

Imagen familiar (Foto: Aina Gatnau)

La situación de las pequeñas comercializadoras es especialmente delicada. “El plan de choque es una buena respuesta inmediata”, opina Eduard Quintana, socio y portavoz de Som Energia, una de las 19 sociedades de base asociativa que forman parte de la Unión Renovables. “Las medidas tendrán un efecto inmediato sobre el recibo, pero terminan el 31 de diciembre y habrá que ver qué ocurre en febrero. Podríamos encontrarnos con que el recibo de la tarifa libre duplicara el de diciembre. En Som Energia, entre la producción propia y la cobertura que teníamos del mercado de futuros, hemos podido mantener precios hasta ahora, pero en enero no sabemos cómo nos afectará la nueva coyuntura. Es muy probable que tengamos que subir el recibo.”

Quintana explica que “Endesa, Iberdrola y Naturgy han realizado una ofensiva con ofertas aparentemente competitivas de tarifas a dos o tres años a un precio fijo de 60 euros MW/h. Teniendo en cuenta lo que ha subido el precio mayorista, es una buena oferta para los seis o nueve meses cercanos, que serán todavía de crisis fuerte, pero no a tres o cuatro años vista. A diferencia de las compañías pequeñas, las grandes tienen músculo financiero y pueden permitirse perder dinero puntualmente para ganar muchos más después”. Esta coyuntura genera mucha inquietud: “Nos espera un tiempo de apuros, de momento todo el invierno. A corto plazo, con el precio del gas nada podemos hacer. A largo plazo, está claro que es necesario dar un fuerte impulso a las renovables y acabar con la dependencia de los combustibles fósiles. Esto es lo más importante”.

Para la Alianza contra la Pobreza Energética, el problema es que las medidas son temporales y la mayor parte de su coste recae sobre el erario público. “Limitar los beneficios caídos del cielo es una decisión muy positiva y valiente”, señala Maria Campuzano. “Como también lo es limitar a un 4 % la subida del gas natural en el mercado regulado, pero hay que recordar que el 80 % de los suministros de gas están en el mercado libre.” Como se decía en Juego de Tronos: “Winter is coming” y todo el mundo tiembla de pensar cuándo costará la calefacción este invierno.

Rubén Sánchez (Facua-Consumidores en Acción): “La luz es esencial para tener una vida digna, y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados”

Maria Campuzano critica la manera como se ha presentado la creación de un “consumo mínimo vital”: “Se ha pervertido el concepto. Regular un mínimo vital implicaría que todas las familias en situación de pobreza dispusieran de un suministro mínimo gratuito para garantizar la subsistencia mientras dure la situación de vulnerabilidad, y no es esto lo aprobado. La medida solo afecta a quienes están en el mercado regulado y tienen bono social, y consiste en que se alarga hasta 10 meses el período en el que no se les puede cortar el suministro, pero el Decreto no dice qué pasará después. Y tampoco dice quién se hará cargo de las facturas impagadas. Nosotros reivindicamos una tarifa social, es decir, un sistema progresivo en el que el precio del recibo se fije de acuerdo con los ingresos de cada familia”.

Facua-Consumidores en Acción considera que “la luz es esencial para tener una vida digna, y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados”, por lo que pide que determinadas tecnologías de generación, como la hidroeléctrica, salgan de la subasta y sean sometidas a precios máximos fijados por el gobierno. Su secretario general, Rubén Sánchez, recurre a la ironía para rebatir el argumento de que la normativa de la UE no lo permite: “A principios de año, cuando comenzó la escalada de precios, la vicepresidenta Teresa Ribera también decía que la fiscalidad no podía tocarse, por imperativo de la UE, y rebajar el IVA fue la primera medida que decidió poco después. También había dicho que no podía intervenir sobre el mercado, y a mediados de septiembre puso topes en el precio del gas en la tarifa regulada”. Es cierto que el sistema de subasta marginalista es obligatorio en la UE, pero esto no significa que sea intocable.

Rubén Sánchez recuerda que, en un momento de subidas muy fuertes, Francia decidió sacar parte de la energía nuclear de la subasta y estableció un precio fijo, lo que en su caso tiene un impacto muy importante, porque la nuclear es su principal fuente de energía.

Todas las fuentes consultadas piden ir más allá de una intervención puntual. “El actual modelo está agotado, toca repensarlo todo. La vida en las empresas puede ser muy complicada en los próximos meses, pero podemos aprovechar la oportunidad para hacer los cambios necesarios para acelerar la transición energética”, sostiene Joan Vila. “Lo que debemos hacer es lo mismo que en los años setenta: reducir el consumo, impulsar las renovables e insistir en la eficiencia energética”. Como explica en su libro Economía en el cambio climático. Hoja de ruta hacia la sociedad frugal (Icària, 2021), cree que no será fácil, pero no hay otro camino.

Jordi Marrot (CAATEEB): “Antes la energía era barata, y no fue hasta después de la crisis del petróleo de los años setenta que se incorporaron medidas de ahorro. Hasta 1980 no se establecieron requisitos de aislamiento térmico en los edificios”

El problema es que venimos de una cultura de la opulencia energética, en la que la eficiencia no ha formado parte hasta ahora de las prioridades del sistema productivo. Tampoco en la construcción de viviendas y edificios en general. “La energía era barata, y no fue hasta después de la crisis del petróleo de los años setenta cuando se incorporaron medidas de ahorro. Hasta 1980 no se establecieron requisitos de aislamiento térmico en los edificios”, recuerda Jordi Marrot, responsable del Área Técnica del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona (CAATEEB). Esta ausencia de preocupación todavía perdura en muchos ámbitos. Jordi Marrot recuerda que, según un estudio del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España presentado el pasado enero sobre cómo decidimos la compra de una vivienda, la sostenibilidad energética es el criterio que menos influye en la decisión final de compra. Y un 70% de los encuestados dicen no invertir en la optimización de su consumo para reducir la factura energética.

Si toda crisis contiene un elemento de oportunidad, la conclusión final de todos los expertos consultados es que esta debería ser aprovechada para promover un cambio cultural orientado al ahorro, acelerar la transición energética hacia un modelo menos dependiente del exterior y basado en la energía renovable. La crisis debe servir, dicen, para acelerar unos cambios inevitables. Cuanto más se tarde, más costosa será la transición.

Un nuevo ecosistema energético

La factura eléctrica del usuario medio se dispara a los 136 euros en los primeros 7 días de octubre

De mantenerse los mismos precios durante todo el mes, el incremento interanual alcanzaría el 110%, según el análisis de Facua

Durante los últimos años han aparecido nuevos operadores, tanto en el sector de la producción de energía como en su comercialización. Son todavía pequeños, pero el ecosistema está cambiando. El mercado está controlado ahora por un número muy pequeño de operadores, tan pequeño que se cuentan con los dedos de una mano. De los 29,6 millones de suministros activos existentes en España, 18,6 (el 63 % del total) está en el llamado mercado libre. Pues bien, cinco empresas —Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo/Repsol— acaparan el 83,6 % de los contratos. Pero hace tres años alcanzaban el 89,5 %. Esto significa que, en poco tiempo, han perdido en su conjunto casi seis puntos de cuota de mercado. Y esta evolución puede convertirse en tendencia porque hay mucho malestar entre los consumidores. Una muestra de este estado de ánimo es la campaña que ha lanzado Facua-Consumidores en Acción, con el eslogan: “Adiós monopolio”, que promueve un boicot contra Iberdrola, Endesa y Naturgy por sus “abusos tarifarios” y por atreverse se “a chantajear al Estado con la amenaza de cerrar las centrales nucleares”.

Durante los últimos años han aparecido nuevos operadores tanto en el sector de la producción de energía como en su comercialización. Son todavía pequeños, pero el ecosistema está cambiando

Las redes hierven estos días, y tanto las asociaciones de consumidores como los grupos ecologistas recomiendan cambiarse a compañías pequeñas de base asociativa. El paisaje del mercado de la electricidad se está transformando rápidamente. Han surgido un montón de iniciativas vinculadas a las energías renovables, sociedades cooperativas, asociaciones para compras colectivas de placas fotovoltaicas, comunidades locales de energía y nuevos gestores de la demanda, que se disponen a aprovechar lo máximo posible el nuevo marco regulador impulsado por la ministra Teresa Ribera. Han aparecido muchas comercializadoras que solo operan con energía certificada de origen renovable y que confían en la fuerza del consumo responsable para ganar cuota de mercado. Es el caso de Som Energia, una cooperativa catalana de producción y consumo de energías renovables que apenas tiene una década de vida y ya opera por toda España.

La Administración local también desempeña un papel a jugar en el impulso de un modelo energético alternativo de producción distribuida. Algunos ayuntamientos han empezado a mover ficha. Es el caso del de Barcelona, que en marzo de 2017 aprobó la creación de una empresa pública suministradora de energía 100 % renovable. La creación de Barcelona Energia recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, salvo del PP, que se abstuvo. La empresa es de ámbito metropolitano y su objetivo es abastecer de electricidad para el alumbrado público y todos los servicios y establecimientos públicos de los 36 municipios del área de Barcelona. “Nosotros no buscamos obtener beneficios. Lo que queremos es promover las energías renovables y que nuestros consumidores ahorren con medidas de eficiencia energética. Hacer descender la demanda. Esto nos permite ajustar mucho los precios”, explica su director, Iu Gallart. Por el momento, ha logrado que la ciudad ahorre 1,3 millones solo en el alumbrado público. Barcelona Energia tiene ya contrato de suministro con 11 ayuntamientos del área metropolitana, y crece también en el mercado privado. Con un crecimiento del 106 % en el último año, en estos momentos tiene unos 4.000 hogares y más de 500 empresas abonadas.

La Administración local también desempeña un papel a jugar en el impulso de un modelo energético alternativo de producción distribuida

Otras ciudades, como Palma de Mallorca, Cádiz, Zaragoza o Córdoba, se plantean iniciativas similares. Pero estas empresas públicas tienen hoy por hoy una capacidad limitada para incidir en el mercado eléctrico: los contratos en el sector privado no pueden representar más del 20% del volumen de negocio. En el caso de Barcelona Energía, serían unos 20.000 contratos a particulares.

Unidas Podemos ha planteado hacer una empresa estatal pública. Algunos expertos consideran que podría manejar las centrales hidroeléctricas a medida que caduquen las concesiones. La primera vence dentro de seis meses y la última dentro de 39 años. “Tener una empresa pública que vaya integrando las centrales hidroeléctricas le daría el control de una de las fuentes de energía más importantes en nuestro país y la más versátil, lo que no excluye que se fijen igualmente precios máximos para esta energía, ya que muchas centrales seguirán en manos de las concesionarias todavía muchos años.” EL PSOE de momento no lo ve claro. Pero el debate está abierto.

¿Jugamos al pool?

Roger Bancells / © Fotos: Pexels.com

Nuevo récord histórico del pool, ¡228,59 €/MWh!, ¿pero, qué es el pool? El pool, más allá de un juego de billar, es lo que se conoce en el sector como el mercado mayorista del precio de la electricidad, para establecerlo, se celebran subastas para la compra y venta de la electricidad. En este sentido, cada día, a las 12:00 del mediodía, hay la subasta del mercado eléctrico, en la que se obtiene el precio del MWh para las próximas 24 horas. Por tanto, si queremos conocer el precio del MWh que habrá mañana, es necesario esperar al mediodía de hoy.

Cada día, a las 12:00 del mediodía, hay la subasta del mercado eléctrico, en la que se obtiene el precio del MWh para las próximas 24 horas

Antes de adentrarnos más en precios y tarifas de electricidad, es interesante conocer ligeramente el sector eléctrico actual para poder entender el resto. El sector eléctrico actual está centralizado, ya que toda la energía eléctrica se genera desde centrales generadoras (carbón, renovables, nuclear, gas, etc.) y es vertida a la red de distribución, que puede transportarla en alta tensión hasta los transformadores de las ciudades o barrios. Estos transformadores rebajan la tensión de distribución hasta unos valores de baja tensión que permiten el consumo de la electricidad dentro de los edificios (aunque existen puntos de suministro que contratan la electricidad en media tensión, dadas las potencias y consumos que solicitan). De forma genérica, el sector eléctrico se divide en tres grandes partes:

• La generación. Es la fase en la que se genera la electricidad. En este punto se incluiría desde la generación a través de la tecnología más contaminante, como el carbón, pasando por las renovables y terminando con los ciclos combinados de gas.

• La distribución. Son todas las infraestructuras ejecutadas en todo el territorio por las que circula la electricidad en alta o media tensión. Esta infraestructura la podemos encontrar en formato de torres de alta tensión o cableado que circula por las fachadas de los edificios, aunque esta última ya es de baja tensión.

• La comercialización, que corresponde a la empresa que vende la electricidad al usuario final.

La generación de electricidad proviene de diferentes tecnologías, desde la más contaminante, como el carbón, hasta la más cara, como el ciclo combinado de gas

Si incidimos un poco más en cada parte, podremos descubrir aspectos del sector eléctrico que nos harán entender el porqué de las subidas injustificables de electricidad que está sucediendo a lo largo de este 2021. Como hemos dicho, la generación de electricidad proviene de diferentes tecnologías, desde la más contaminante, como el carbón, hasta la más cara, como el ciclo combinado de gas. Cada día, a las 12:00 h, hay la subasta de electricidad, en la que se prevé un consumo de electricidad para la península y, en este sentido, unas previsiones de poner en marcha las tecnologías generadoras. El coste final del MWh depende de la última tecnología que se ha puesto en marcha para cubrir la demanda prevista diaria de electricidad, por tanto, si la última ha sido el ciclo combinado de gas, será el coste de la generación de electricidad con esta tecnología la que cerrará el precio. Es en este punto cuando es importante disponer de un gran abanico de generación de electricidad de origen renovable, ya que es posible evitar que los ciclos combinados de gas se pongan en marcha y, por tanto, una reducción importante del precio del MWh. Otro debate interesante sería la necesidad de disponer de tantas centrales de ciclos combinados de gas para la generación de electricidad…

Distribución y comercialización de la energía

Con respecto a la distribución de energía eléctrica, hay que señalar que, desde 1997, con la Ley 54/1997 y reformada con la Ley 24/2013, del sector eléctrico, se liberalizó para, inicialmente, favorecer una mayor competencia y, por lo tanto, para lograr que el precio de la electricidad fuera menor. A partir de 2021, esto no parece haberse logrado, ya sea por decisiones políticas o técnicas. En cualquier caso, en el momento de su liberalización, ya había una extensión de la red de distribución por todo el territorio, y fue durante este proceso que se repartió entre cinco grandes empresas eléctricas, en términos generales, eran: Endesa, Gas Natural, Iberdrola, EON y EDP. En la actualidad, es cierto que hay más de 300 distribuidores repartidas por todo el territorio, pero son espacios pequeños y puntuales, tales como Estabanell o la Societat Municipal de Distribució Elèctrica de Llavorsí. En cualquier caso, son unas de las grandes compañías indicadas que son responsables de transportar la electricidad desde el punto de generación hasta el usuario final, tratando de minimizar todas las posibles pérdidas. En términos generales, para que un hogar consuma 1 kWh de energía eléctrica, se debe haber generado, como mínimo, el doble, es decir 2 kWh.

Por último, la comercialización de energía es la empresa que se encarga de ofrecer la electricidad a los usuarios finales a los precios que indican las empresas. En la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (https://comparador.cnmc.gob.es/.es) hay un comparador de todas las comercializadoras eléctricas actuales con los precios que ofrecen, en teoría de forma actualizada. Este comparador no deja de ser una herramienta útil para que el ciudadano pueda comparar precios y entender que hay más que las cinco comercializadoras de referencia.

La factura de la electricidad

Entrando en la factura de electricidad, y como base para entenderla, es necesario conocer que existen dos tipos de contratos. El primero corresponde a lo regulado por el Gobierno, el llamado PVPC (antigua TUR) que significa ‘Precio Voluntario al Pequeño Consumidor’. Esta tarifa solo la pueden ofrecer las comercializadoras llamadas de referencia, que vienen a ser, en la actualidad, Endesa, Naturgy, Iberdrola, EDP, Repsol y CHC Energía. La PVPC ofrece un precio horario para cada día del año, con unos máximos regulados por el Gobierno, pero, aun así, puede variar significativamente de un día a otro, dependiendo de la demanda prevista y de la meteorología. Por ejemplo, hacemos una comparativa entre los días 17 y 23 de enero de 2020, cuando la tormenta Gloria afectó a gran parte del territorio. El día 17 de enero de 2020, el precio de la electricidad a las 12:00 h era de 42,72 €/MWh, mientras que el día 23 de enero de 2020 el precio subió hasta los 57,42 €/MWh. Esta subida afectó a miles de consumidores, que se llevaron las manos en la cabeza por el alto precio que pagaban por calentarse en su casa; a la fecha de este artículo, el precio de la electricidad es un 400 % más caro que hace 22 meses… Dado que la facturación del kWh es horaria dentro de la PVPC, los consumidores que tienen contratada esta tarifa deben estar atentos a los cambios que esto puede comportar.

Por otro lado, existe el mercado libre. En este contrato, el precio de la electricidad se pacta entre la comercializadora y el usuario final, libre de las subidas y bajadas repentinas que puede provocar la demanda calculada día tras día. En este sentido, los precios que ofrecen normalmente las comercializadoras son ligeramente superiores a los de la PVPC, pero los usuarios saben que el precio no variará al menos durante el período del contrato (normalmente, semestral o anual). Esta tipología de contrato puede ofrecerlo cualquier comercializadora, ya sea de referencia o no.

¿Qué es el bono social?

Abrimos un pequeño paréntesis para citar el bono social. El bono social es, en grandes rasgos, un descuento en la factura de la electricidad para aquellos usuarios considerados como vulnerables.

Los requisitos para poder solicitarlo se pueden encontrar en la web del Gobierno español (https://www.bonosocial.gob.es/#quees), pero básicamente corresponde a familias numerosas, pensionistas con la asignación mínima y usuarios con límites de renta. Hay que señalar expresamente que los usuarios que puedan solicitar el bono social deben contratar la energía eléctrica a una de las comercializadoras de referencia, por lo que deben contar con un contrato PVPC.

En relación con el diseño de la factura de electricidad, esta puede variar ligeramente dependiendo del contrato de que se disponga. Para los contratos que están incluidos en el PVPC, deben presentar un diseño único y común, en el que aparezcan los conceptos que se indican a continuación.

Parte 1. En la cabecera de la factura debe aparecer los datos de la factura, es decir, número, período de facturación y el importe total a abonar a la comercializadora.

Parte 2. En la parte superior izquierda, un resumen del proyecto de ley y de los conceptos que incluye. En este sentido, se encontrarán los conceptos de potencia contratada, energía consumida e impuestos. Si el usuario también dispone de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo instantáneo, aparecería un concepto denominado excedente de energía.

Parte 3. Justo en la parte inferior de la anterior se detallarán los datos de contrato del titular del punto de suministro eléctrico, dirección, CUPS, tipos de contrato, la tarifa o peaje de acceso y los dos valores de potencia contratada. En este apartado también se indica la fecha final del contrato. En el PVPC no es tan significativa, puesto que el contrato se renueva anualmente, pero en el mercado libre es importante, ya que al final del contrato seguramente habrá un incremento de los precios del kWh.

En el centro de la primera página se detallarán los consumos por períodos de facturación con lecturas reales. También debería adjuntarse una gráfica de la evolución de los consumos de, al menos, 12 meses anteriores. Unas informaciones importantes a tener presente en esta zona de la factura son las medias de los consumos y la potencia máxima registrada en el último año. Este último dato puede dar una pista muy significativa del valor máximo que puede solicitarse como potencia contratada.

Es muy fácil que las comercializadoras puedan incluir productos como por ejemplo, seguros, que hagan subir el coste total de la factura

Hay que tener presente lo que se ha indicado en el inicio de este artículo. En la factura se pagan varios conceptos, pero, al mismo tiempo, estos importes cubren los gastos de dos empresas distintas: la distribuidora y la comercializadora. En este sentido, al final de la primera página se indican los datos de contacto de la distribuidora para poder comunicar con ella en caso de avería de la red de distribución.

En el dorso de la primera página se detallan los conceptos facturados, pero de forma desglosada, con la intención de conocer de dónde provienen los importes totales de cada concepto facturado. Es en este apartado donde es necesario prestar mucha atención, ya que es muy fácil que las comercializadoras puedan incluir productos, como por ejemplo, seguros, que hagan subir el coste total de la factura. Los importes desglosados son:

• Potencias contratadas. Con la última reforma, hay dos períodos, por tanto, deben aparecer los dos y sus importes unitarios correspondientes. Este apartado se conoce como parte fija de la factura..

• Peaje de acceso o tarifa. Para cada período de facturación se indica la cantidad de energía consumida y su precio por kWh. La suma de todos los períodos de facturación corresponde al término variable o por energía consumida.

• Impuestos. Última sección del desglose, en el que se observa el impuesto sobre la electricidad del 0,5 %, el alquiler del contador y el IVA. Este último impuesto es una medida impuesta por el Gobierno para reducir al mínimo el aumento injustificable del precio de la electricidad, y ha pasado del 21 % a 10 %. Sin embargo, hay una discusión bastante intensa para aclarar qué impuestos se deben aplicar a los contratos que contienen una fotovoltaica en autoconsumo. Mientras este debate llega a su fin, los usuarios con fotovoltaica no disponen de factura de electricidad…

Las últimas partes, pero no menos importantes, corresponden a consejos que la comercializadora ofrece al usuario final para optimizar el consumo y ayudarle a ahorrar; junto a ellas también aparecen gráficas indicando el origen de la energía que ofrece la comercializadora y qué impacto medioambiental contiene la energía consumida por el usuario.

El pasado 1 de junio de 2021 entraron en vigor los nuevos peajes de acceso a la energía consumida, haciendo que las tarifas conocidas hasta el momento desaparecieran para contratos de hasta 15kW de potencia contratada. Hasta el 31 de mayo de 2021, las tarifas para baja tensión eran:

• Hasta 10 kW de potencia contratada se disponía de la 2.0A y 2.0DHA, que corresponde a una tasa de precio 24 horas del día o el horario discriminado con dos periodos de facturación. También estaba la supervalle, con tres períodos de facturación, diseñadas para usuarios con vehículos eléctricos.

• De a 10 kW a 15 kW de potencia contratada las tarifas eran similares, pero llamadas 2.1A y 2.1DHA.

• A partir de 15 kW se ofrece la 3.0A, con tres períodos de facturación.

• Las tarifas en media y alta tensión no han variado, denominadas 3.1A, 6.0 y 6.1

Imagen extraída de la web de Som Energia

Pues bien, todas las tarifas para contratos inferiores a 15 kW de potencia contratada han sido eliminadas y, en su lugar, ha surgido la llamada 2.0TD. La peculiaridad de esta tarifa es que hay tres períodos de facturación de energía consumida y dos períodos de factura de potencia contratada. Los horarios de los períodos de facturación tanto de la potencia contratada como de la energía consumida que aparecen en el gráfico de Som Energia.

La conexión de una instalación solar fotovoltaica en autoconsumo ayuda significativamente a la reducción de los consumos en períodos punta

El período valle comprende todos los fines de semana y festivos del año, pero, además, el horario comprendido entre las 00:00 h y las 08:00 h de la mañana. Lo más destacable es que el período punta, de 10:00 h a 14:00 h y de 18:00 h a 22.00 h, de lunes a viernes, coincide con la alta demanda de electricidad, por tanto, el incremento de la factura será importante. Para hacernos una idea, el coste de la electricidad del período valle es similar al coste de la antigua tarifa 2.0A, la de un solo precio las 24 horas del día… Por tanto, y con ánimos de intentar ahorrar en los consumos de electricidad, es importante que todos aquellos consumos eléctricos que puedan ser desplazables se incluyan dentro de los períodos plano o valle. La conexión de una instalación solar fotovoltaica en autoconsumo en el punto de suministro ayuda significativamente a la reducción de los consumos en períodos punta, ya que el horario de máxima insolación y el horario del período punta coinciden, ¿casualidad o fomento del autoconsumo?

No es fácil entender el sector eléctrico, es algo oscuro y engorroso que, reforma tras reforma, se complica más su comprensión

En relación con la potencia contratada se pueden diferenciar en dos períodos. Lo que corresponde al período punta-plano y al que corresponde al valle. Los dos valores pueden ser diferentes, pero hay que tener presente que el coste del período valle es significativamente más bajo que el del período punta-plano.

No es fácil entender el sector eléctrico, es algo oscuro y engorroso que, reforma tras reforma, se complica más su comprensión. Debería ser más sencillo, para que   finales fuéramos capaces de leer una factura de electricidad sin complicaciones, puesto que la electricidad es un bien esencial, y no estaría de más que todo el mundo conociese qué paga en cada factura y cómo lo paga. En este sentido, hay comercializadoras eléctricas que trabajan para intentar cambiar este modelo de sector eléctrico, democratizarlo y, por supuesto, fomentar el uso de las renovables como la salvación para que el precio del MWh no se dispare tan a menudo a valores como los actuales. Pero este cambio no tendrá lugar sin nosotros, los usuarios finales, que tenemos el poder de escoger a qué comercializadora eléctrica contratar.